El Gobierno español presentó objeciones ante la Unión Europea y cuestionó la legalidad y proporcionalidad de varias medidas incluidas en la nueva normativa migratoria, que endurece las expulsiones y contempla la creación de centros de retorno en terceros países.
España formalizó ante las instituciones de la Unión Europea su rechazo al nuevo Reglamento de Retornos, una de las piezas centrales del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El Gobierno expresó sus reservas sobre el contenido de la normativa y advirtió que algunas de sus disposiciones generan dudas jurídicas y operativas.
En una comunicación dirigida a los representantes permanentes de los Estados miembros, el Ejecutivo español defendió una política migratoria basada en el respeto al derecho internacional y a la legislación comunitaria. Además, sostuvo que el reglamento no avanza hacia un verdadero sistema europeo de retorno y que varias de sus medidas resultan desproporcionadas.
Entre los aspectos cuestionados, España señaló la ampliación de los plazos de detención de personas en situación migratoria irregular, que podrían extenderse hasta 24 meses, así como la posibilidad de encadenar períodos de privación de libertad en distintos países de la Unión. Según el Gobierno, estas disposiciones podrían generar conflictos con los principios fundamentales de protección de derechos.
Otro de los puntos más controvertidos es la creación de centros de retorno en terceros países. España manifestó su preocupación por las implicancias jurídicas y humanitarias de estos mecanismos, al considerar que podrían afectar las garantías de las personas migrantes y generar incertidumbre sobre el respeto al principio de no devolución.
Asimismo, el Ejecutivo advirtió que este tipo de acuerdos podría tener consecuencias en las relaciones exteriores de la Unión Europea y en los vínculos diplomáticos de los Estados miembros con países terceros.
Con esta posición, España quedó aislada entre los países de la Unión Europea al expresar formalmente su oposición al reglamento, que forma parte del nuevo marco migratorio impulsado por Bruselas para reforzar el control de las fronteras y acelerar los procesos de expulsión de migrantes sin autorización de residencia.
