El mercado del alquiler en España atraviesa un período de cambios regulatorios con nuevas reglas que limitan la actualización de los precios. La normativa combina la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la Ley de Vivienda y un decreto reciente que introduce topes hasta 2027.
En 2026, la subida del alquiler depende de la fecha del contrato. Los firmados después de mayo de 2023 se actualizan según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), mientras que los anteriores se ajustan por el IPC. Sin embargo, un decreto vigente fija un límite general del 2% para la vivienda habitual hasta diciembre de 2027.
Este tope se aplica en la mayoría de los casos. Si el propietario es un gran tenedor, no puede superarlo bajo ninguna circunstancia. En cambio, si no lo es, podría acordar con el inquilino una suba mayor, aunque sin acuerdo el límite sigue siendo del 2%.
Además, la actualización solo puede realizarse una vez al año y debe ser comunicada con al menos 30 días de anticipación. No se permiten aumentos retroactivos ni por encima del índice correspondiente, lo que brinda herramientas de protección a los inquilinos.
Por último, el decreto también contempla la posibilidad de prorrogar contratos de alquiler por hasta dos años en ciertos casos, como medida excepcional frente al contexto económico. Estas disposiciones buscan contener el impacto de la suba de precios en el acceso a la vivienda.
