El ICAM explicó en un comunicado que su intervención en el procedimiento contra el ex fiscal general del Estado se enmarca en su obligación de defender el secreto profesional y el derecho de defensa. Según la corporación, existían indicios que podían afectar a estos principios básicos del sistema judicial, independientemente de las personas implicadas.
Desde el colegio rechazan que su actuación tuviera como objetivo valorar conductas políticas o personales y sostienen que su papel se limitó a preservar garantías estructurales de la justicia. En ese contexto, recuerdan que la personación y las decisiones procesales adoptadas respondieron a competencias legalmente atribuidas a los órganos colegiales.
Las asociaciones Abogados Demócratas por Europa y Defiéndete en Derecho habían presentado una queja en la que denunciaban una supuesta “sumisión” del ICAM a intereses políticos vinculados al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre sus reclamaciones figuraban el acceso al expediente completo y la convocatoria de una asamblea extraordinaria para debatir la actuación del decano.
La actual Junta de Gobierno considera que estas peticiones carecen de sentido, al tratarse de un procedimiento ya sentenciado. El ICAM defiende que revisar ahora una actuación procesal concluida no tiene efectos jurídicos y asegura que todas sus decisiones se adoptaron con transparencia y conforme a los cauces estatutarios.
