La petición de Anticorrupción supone un giro relevante en la instrucción del caso, puesto que hasta ahora no había reclamado la privación de libertad para ninguno de los dos investigados. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha defendido que la gravedad de los delitos, las elevadas penas solicitadas y los indicios acumulados incrementan el riesgo de fuga conforme se acerca la apertura del juicio oral.
Durante la comparecencia, Ábalos ha calificado la solicitud de la Fiscalía como una “decisión política” destinada, según él, a presionarle para que colabore. El exministro ha insistido en que las medidas cautelares vigentes —prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales— han sido cumplidas rigurosamente, tal como también destacó el juez en resoluciones anteriores.
El precedente inmediato se remonta a octubre, cuando el magistrado Puente rechazó enviar a prisión provisional a Ábalos y García por considerar que el riesgo de fuga no era “lo suficientemente intenso”, aunque ya señalaba que dicho riesgo estaba creciendo a medida que avanzaba la instrucción. Ahora, con la acusación formal sobre la mesa, Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para García, argumentando su participación en una supuesta trama de contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia.
El escrito de acusación describe un “reparto preciso de funciones” entre los investigados para obtener beneficios económicos mediante delitos de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos.
