El acuerdo rubricado por Yolanda Díaz junto a los líderes de CCOO y UGT busca actualizar la ley de prevención de riesgos laborales vigente desde 1995. El objetivo principal es adaptar la protección de los trabajadores a nuevas realidades del empleo y frenar una siniestralidad que sigue dejando más de 700 muertes al año.
El texto contempla introducir medidas específicas para abordar los riesgos psicosociales, con especial atención a la salud mental en el entorno laboral. También incorpora la necesidad de adaptar los protocolos de seguridad a los efectos del cambio climático, como las olas de calor o fenómenos extremos que ya afectan a distintos sectores.
Pese al consenso sindical, la reforma legal afronta un recorrido incierto en el Parlamento ante la falta de acuerdo con la patronal. El Ministerio de Trabajo asume que parte de los cambios dependerán de futuras negociaciones políticas.
En paralelo, el pacto incluye el desarrollo de reglamentos que sí pueden aprobarse directamente por el Gobierno, lo que permitiría aplicar medidas a corto plazo. El debate sobre los accidentes laborales y su gravedad ha ganado peso en la agenda política y social en las últimas semanas.
