España atravesó entre 1975 y 1986 un proceso de reconversión económica que incluyó el cierre y reducción de sectores industriales que habían perdido competitividad. El Estado financió parte de esa transición mediante prejubilaciones, indemnizaciones y ayudas destinadas a trabajadores y regiones afectadas.
El proceso se desarrolló durante la transición posterior a la muerte de Francisco Franco y se aceleró con el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea en 1986. La apertura de la economía obligó a adaptar industrias que acumulaban pérdidas, tenían tecnología atrasada o presentaban costos superiores a los de otros mercados.
La reconversión alcanzó a sectores como la siderurgia, la minería, los astilleros, los electrodomésticos y el textil. En lugar de permitir que todas las empresas inviables quebraran de manera inmediata, el Gobierno impulsó reducciones progresivas de plantillas, prejubilaciones, bajas incentivadas y programas de modernización para las instalaciones que continuaban operativas.
Uno de los casos más importantes fue el de la siderurgia. El plan iniciado en 1983 contempló el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo, en Sagunto, mientras otras empresas fueron saneadas y posteriormente integradas en nuevos grupos industriales. En la minería asturiana también se redujeron explotaciones y puestos de trabajo mediante planes de prejubilación y ayudas para las regiones afectadas.
La estrategia tuvo resultados diferentes según el territorio. En algunas zonas permitió reducir el impacto inmediato sobre el empleo y acompañar la transformación industrial, mientras que en otras, como Asturias, las ayudas no lograron generar suficiente actividad económica alternativa y contribuyeron a una mayor dependencia de los ingresos públicos. La reconversión española quedó así como un proceso de transformación industrial con costos económicos y sociales de largo plazo.
