La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que existe un informe del Abogado del Estado que no ofrece la seguridad jurídica necesaria para una medida de “ese calado”, en referencia a la prórroga de 1,6 millones de contratos de alquiler. Desde Moncloa sostienen que intervenir el mercado mediante la extensión obligatoria de los contratos podría ser inconstitucional.
Frente a esta postura, el presidente Pedro Sánchez apuesta por una vía alternativa basada en bonificaciones fiscales a los propietarios que mantengan o reduzcan el precio del alquiler al renovar los contratos. El Gobierno defiende que estos incentivos en el IRPF pueden compensar a los caseros y contribuir a moderar los precios sin generar inseguridad jurídica.
Sumar y otros socios parlamentarios rechazan el argumento socialista y defienden que la prórroga es constitucional. Recuerdan que una medida similar se aprobó en varias ocasiones durante la pasada legislatura, tanto durante la pandemia como posteriormente, y fue convalidada por el Congreso de los Diputados.
La discrepancia ha sido minimizada públicamente por el ala socialista, que la enmarca dentro de la normalidad de un Gobierno de coalición. Sin embargo, desde Sumar se critica con dureza la propuesta fiscal, al considerar que supone destinar dinero público a los propietarios en lugar de garantizar el derecho a la vivienda de los inquilinos.
