Un informe publicado en el British Journal of Healthcare advierte que el Reino Unido podría ahorrar hasta 600 millones de euros anuales en costes sanitarios si los fumadores migraran a productos de menor riesgo, como el cigarrillo electrónico. El estudio destaca que esta transición reduciría de forma significativa las enfermedades relacionadas con el tabaco y, en consecuencia, la carga económica sobre el sistema de salud.
En contraste, España impulsa una normativa que busca restringir o prohibir el uso y la venta de estas alternativas. Esta medida, según expertos en salud pública y reducción de daños, cerraría la puerta a una oportunidad efectiva para mejorar la salud de la población fumadora y optimizar el gasto sanitario.
Especialistas advierten que las políticas basadas únicamente en la prohibición no resuelven el problema del tabaquismo. Por el contrario, pueden perpetuar el consumo de cigarrillos tradicionales y aumentar el coste para el sistema de salud. “Prohibir no elimina el riesgo, solo lo desplaza”, señalan los expertos, que abogan por regulaciones basadas en evidencia científica y no en restricciones absolutas.
