España asegura que con el 2,1 % del PIB ya cumple sus compromisos de capacidad militar, aunque la OTAN considera que sería necesario llegar al menos al 3,5 %. Este enfoque técnico permite a Sánchez evitar un aumento automático del gasto al 5 %, como reclaman EE. UU. y el secretario general del bloque.
La excepción pactada con el secretario general Mark Rutte da flexibilidad para que cada país trace su propia senda, siempre que alcance los objetivos acordados. España no vetará la nueva meta común, pero tampoco se comprometerá a ella si no es necesaria para su defensa estratégica.
El posicionamiento de Sánchez ha generado críticas de líderes como Trump, que ve un “problema” en España, y Marco Rubio, que lo califica de insostenible. Pese a ello, el presidente defiende una fórmula realista que proteja el Estado del bienestar sin comprometer la seguridad colectiva.
