España afronta una deuda cercana a los 2.000 millones de euros por los recortes a las energías renovables aplicados en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
El origen del problema se remonta a 2007, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó primas para fomentar las energías renovables. Estas ayudas atrajeron a numerosos inversores, pero la crisis económica llevó a recortes progresivos que culminaron en 2013 con una fuerte reducción de incentivos, afectando la rentabilidad de los proyectos.
A raíz de estos cambios, decenas de inversores internacionales iniciaron litigios contra el Estado español en instancias como el CIADI. Aunque España ha ganado parte de los casos, acumula más de 28 fallos en contra. Ante el impago, varios acreedores han comenzado a rastrear activos estatales en distintos países para ejecutar embargos.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Utrecht, donde la justicia ordenó embargar la sede del Instituto Cervantes por una deuda con una filial de Toyota. El inmueble podría ser subastado, aunque el Gobierno ha anunciado que recurrirá la decisión.
Además, los acreedores han puesto su atención en posibles ingresos vinculados a la participación de España en el Mundial 2026. Empresas asociadas a la logística, patrocinio y alojamiento de la selección han recibido requerimientos judiciales, en un intento de localizar fondos que puedan ser retenidos para saldar las indemnizaciones pendientes.
