Durante su declaración, Begoña Gómez recalcó que su asesora, Cristina Álvarez, se ocupaba exclusivamente de labores vinculadas a la organización de actos y de su agenda oficial, además de coordinar al equipo de seguridad. Añadió que en ocasiones la acompañaba también a actividades privadas, lo que explicaba su acceso al correo electrónico.
La defensa sostiene que no hay indicios de tráfico de influencias, ya que las cartas que firmó en el marco de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense apoyaban un programa académico, no a empresas concretas. Según esta tesis, se trata de documentos habituales en procesos públicos y otras instituciones firmaron textos similares.
El juez Peinado, que mantiene la imputación de Gómez por varios delitos, continúa investigando si la actuación de la asistente pudo exceder sus funciones. En paralelo, ha reclamado a la Complutense nuevos correos electrónicos para analizar si hubo un uso indebido de recursos públicos, a pesar de que hasta ahora no han aparecido pruebas concluyentes.
