La propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, para restringir el uso de bolsas de nicotina ha provocado un rechazo sin precedentes en el seno de la Unión Europea. A la oposición inicial de Italia y Rumanía se sumaron ahora Suecia, Chequia y Hungría, que han activado mecanismos formales para frenar el decreto español.
El caso sueco es especialmente significativo: es apenas la segunda vez desde 1995 que utiliza el sistema TRIS para objetar una normativa de otro país. Suecia cuestiona que se limite un producto legal en la UE y que, además, podría ser útil como alternativa al cigarrillo tradicional, lo que considera una medida incoherente desde el punto de vista de la salud pública.
Chequia y Hungría también presentaron objeciones formales, argumentando que la normativa española vulnera el principio de libre circulación de mercancías y limita el acceso a productos menos nocivos. Critican especialmente la prohibición de sabores distintos al tabaco y el límite estricto de nicotina, que reducirían el atractivo de las alternativas al tabaco convencional.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había advertido sobre la falta de base científica del decreto y cuestionado el uso del mecanismo del real decreto, sin debate parlamentario. Las críticas apuntan a que estas restricciones podrían fomentar el mercado ilegal, reducir ingresos fiscales y dificultar la lucha contra el tabaquismo.
El creciente rechazo europeo pone en jaque la viabilidad del plan de Mónica García. Incluso dentro del gobierno español hay diferencias, ya que el PSOE desconfía de la medida. Con varios socios europeos movilizados y objeciones jurídicas en curso, el futuro del decreto queda en duda y el Ejecutivo enfrenta un nuevo frente de conflicto, tanto en Bruselas como a nivel interno.
