José Luis Ábalos ha acudido este lunes al Tribunal Supremo para prestar declaración en el marco del caso que investiga una presunta trama de corrupción vinculada al amaño de contratos públicos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. Aunque se preveía una comparecencia centrada en su testimonio, la jornada ha virado hacia una vista específica para valorar si se modifican las medidas cautelares que pesan actualmente sobre él.
La Fiscalía ha defendido la conveniencia de mantener las restricciones ya impuestas, que incluyen la retirada de pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer regularmente ante el juzgado. Según el Ministerio Público, no existen nuevos elementos que justifiquen medidas más severas en este momento del proceso.
Sin embargo, las acusaciones populares que representan al Partido Popular han solicitado al Supremo que imponga prisión provisional para Ábalos. Alegan riesgo de destrucción de pruebas y gravedad de los hechos investigados. Desde el entorno del exministro se interpreta este movimiento como una maniobra política, mientras el tribunal queda ahora a la espera de resolver.
En paralelo, la defensa de Ábalos ha reiterado su colaboración con la justicia y ha recalcado que su cliente no ha entorpecido la investigación. El caso sigue escalando en tensión política y mediática, en un contexto en el que el PSOE ha intentado marcar distancias con quien fuera uno de sus dirigentes más visibles durante la primera etapa del Gobierno de Pedro Sánchez.
